A la espera de que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley que recoja los aspectos fundamentales de un protocolo que consensuó con los senadores y que, además, corrija algunas disposiciones que quedaron sin sentido luego de que se rechazaran algunas normas en la Cámara Baja, el Senado acordó congelar la tramitación del veto al proyecto que regula el lobby o gestión de intereses.
Para ello, se resolvió que dicho texto legal sea remitido nuevamente a la Comisión respectiva, para que en el intertanto, el Ejecutivo acerque posiciones con los senadores y lograr un proyecto consensuado que sea despachado rápidamente por ambas ramas del Congreso.
Luego que los senadores Nelson Ávila, Hernán Larraín, Jaime Orpis, Alejandro Navarro, Alberto Espina y Ricardo Núñez manifestaran sus aprensiones respecto de los efectos que podrían producir algunos cambios propuestos en el veto y de la incoherencia en la redacción de algunas normas. el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo propuso dos alternativas.
La primera de ellas, es que una vez concordado el texto del proyecto complementario, se despache el veto un día determinado para que se promulgue al día siguiente y el subsiguiente se despache la iniciativa consensuada.
"La otra fórmula sería: se deja dormir este proyecto sin urgencia y concordado el texto del nuevo proyecto, ustedes despachan una sola ley rápidamente en el Senado y la Cámara. Es cosa de voluntad política", dijo el secretario de Estado.
Al respecto, el Presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, manifestó que "nos inclinaríamos rápidamente por lo segundo".
PERFECCIONAR LA FUTURA LEY
Cabe recordar que la votación del veto u observaciones presidenciales al proyecto que regula el lobby, ya se había postergado la semana pasada a raíz de las dudas que manifestaron algunos senadores sobre determinadas normas que quedaron incompletas.
Esto, pues en el trámite en la Cámara de Diputados se rechazó un artículo que enumeraba los grupos, instituciones y personas que no incurren en actividades de lobby, por lo que existe un vacío respecto de qué actividades o reuniones se tendrán que consignar en los registros que lleven las autoridades de la administración pública, específicamente los del gobierno y el Congreso.
Asimismo, hubo algunos senadores que no se mostraron de acuerdo con ciertos ejes centrales del veto del Ejecutivo, como que se amplíe la regulación de la ley a las actividades de lobby "no profesional".
El senador Ávila señaló que esta iniciativa de poco servirá a los ciudadanos "comunes y corrientes" pues sólo abre espacios para que sólo los grupos ya establecidos que se dedican a la gestión de intereses sigan desarrollando su labor, pero ahora amparados en la legalidad. Junto con manifestar que es escéptico en cuanto a que se esté haciendo una contribución efectiva en materia de transparencia, señaló que "pienso que una vez más saldrá del Congreso una disposición que contribuye a fortalecer lo que tenemos, pero que no ayuda en modo alguno a aquellos que nosotros estamos en la obligación de defender".
Por su parte el senador Larraín manifestó que el veto del Ejecutivo complicó aún más un tema de por sí difícil, pues al ampliar la aplicación de la ley a los lobbystas no profesionales se cae en un ámbito similar al "mar sin orillas". En su opinión, esta ampliación va a significar en que las autoridades deban informar pormenorizadamente de todas las reuniones que sostengan y eso significará que "por regular el lobby, lo que vamos a hacer es ponerle una amarra a las autoridades y no es eso de lo que se trata, sino que de eliminar el tráfico de influencias".
El senador Orpis coincidió con lo anterior señalando que el cambio más fundamental que tiene este veto es que en el proyecto original se regulaba el lobby profesional y remunerado, y aquí se adicionan personas que no realizan lobby de manera remunerada, pero que lo hacen con una habitualidad de ocho gestiones en un período de un mes o más de 15 en un trimestre. Al no contar con una especificación de cuales son las organizaciones que no realizan lobby, se generaría –según el legislador- un problema al momento de determinar la habitualidad a través de un registro.
Por su parte el Ministro Viera-Gallo precisó que en el protocolo acordado con los senadores de la Comisión de Gobierno quedó claramente expresada la voluntad de precisar y perfeccionar algunos ámbitos de la ley y aseguró que nadie pretende hacer una "cacería de brujas", sino que simplemente transparentar las relaciones que tienen los grupos de poder con las autoridades.
Si bien el senador Navarro era partidario de votar inmediatamente el veto para no dilatar más un proyecto que "constituye un avance sustantivo en materia de transparencia", se allanó a la fórmula planteada por el senador Larraín y Espina.
Éste último aseguró que es partidario de que el veto se mantenga en statu quo, pues se trata de legislar bien sobre el lobby y recoger los aspectos positivos del veto y precisar las disposiciones incongruentes del texto.
El senador Núñez reconoció que con este proyecto se avanzó sustancialmente, aunque no todo lo que se quisiera, pero se mostró partidario de buscar una fórmula que permita despachar una buena iniciativa.
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