Dirigentes del sector y economistas detectan los avances y vacíos que dejaría el proyecto de ley que hoy anunciará el Gobierno. La nueva normativa pretende nivelar la cancha para las firmas que desde hace una década han sido golpeadas por la indiferencia de la política económica. Antecedido por gran expectación y eterna espera, la Presidenta Michelle Bachelet dará a conocer hoy el proyecto de Estatuto Pyme, iniciativa que, en lo sustancial, pretende "nivelar la cancha" en el acceso al mercado para las empresas de menor tamaño. El tema no es menor, se trata de 722.700 firmas que representan el 99% de las compañías formales y otorgan más del 80% del empleo del país. Sin embargo, se han visto postergadas por más de una década en las políticas económicas.
Frente al optimismo expresado por el Ejecutivo días previos al lanzamiento de la norma, los representantes del sector empresarial y economistas prefieren la cautela. Y es que, de acuerdo a los antecedentes disponibles, entre las medidas se develan significativos vacíos respecto de las necesidades de fondo del sector.
En concreto, se espera que en el estatuto se determine una alza de 4% a 8% del crédito tributario por inversión en activos fijos. En otras palabras, por cada adquisición de este tipo la firma podrá descontar tal margen en su Declaración de Renta del año siguiente. En este plano, de acuerdo a información proporcionada por Tesorería, a la fecha, la deuda fiscal del sector supera los US$1.900 millones.
Para el presidente de la Confederación Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Micro Industria, Servicios y Artesanado (Conupia), Iván Vuskovic, "el problema con la pequeña compañía es que no hace inversión, por lo tanto, no son muchas las que se van a beneficiar con esta medida".
Según el economista de Gemines Andrés Passicot, tal iniciativa va en la dirección correcta. Argumenta que "la legislación tributaria está hecha para las empresas grandes y no hay ninguna duda que para las Pymes esas normas le causan más daño que otra cosa".
El proyecto de ley también contempla un procedimiento extrajudicial para la resolución de las situaciones de riesgo de quiebra de las pequeñas empresas, a través del nombramiento de un asesor externo para el examen de cada caso particular. De acuerdo al titular de la Confederación Nacional de Sindicatos de Taxis y Colectivos de Chile, (Conatacoch), Héctor Sandoval, el impacto será positivo. Comenta que en repetidas ocasiones las firmas de menor tamaño deben enfrentar costosos requerimientos judiciales, lo que termina mermando sus posibilidades de resurgimiento. Passicot, por su parte, sostiene que si se trata de empresas que de todas maneras deben desaparecer, es mejor que esto se realice en 90 días que en un año y medio. Multas Laborales
A su vez, se consignará la reducción de las multas por incumplimientos laborales, de manera de equiparar las condiciones entre las empresas de distinto tamaño. Así, en el caso de compañías de hasta 49 trabajadores se acotaría desde UTM 20 a 10 la sanción máxima, mientras que en aquellas con más empleados, la multa se elevaría desde UTM 40 a 90. "Mientras más claras sean las diferencias de tratamiento, es mejor para nuestro sector y nos hace más llevaderos los compromisos", plantea Vuskovic. Sin embargo, el economista y consultor Enrique Goldfarb, advierte que se trata de una medida "paliativa" que no resuelve los temas de fondo.
Según fuentes del ámbito, la iniciativa incluye además el otorgamiento de permisos y patentes provisorias para el inicio de actividades, estableciéndose un plazo de 90 días para la presentación de los antecedentes requeridos para la apertura de un negocio. Sandoval señala que "esto es una gran necesidad. Actualmente las empresas se gastan el capital en cuatro o seis meses haciendo trámites para empezar a trabajar; en cambio, otras pueden darse el lujo de proyectar el negocio a uno o dos años".
Vuskovic añade que de este modo "se invierte la lógica que observábamos hasta ahora; se permitirá iniciar un negocio sin necesidad de tener todos los documentos listos, sino que a través de un plazo que ayuda mucho".
Eso sí, los dirigentes gremiales afirman que uno de los temas ausentes es lo referente a los compromisos consignados en el boletín comercial. "De hecho, cuando se habla de las deudas de imposiciones, nos encontramos con la paradoja de no tener acceso a crédito para cancelar esas morosidades, precisamente por estar en Dicom", expresó Sandoval. Deuda Bancaria
Otro aspecto fundamental que el documento no estaría considerando responde a la fuerte deuda bancaria del sector, la que, según Goldfarb, superaría los US$9.000 millones. Se estima que son más de 715.000 los deudores de este sector a septiembre, representando con ello el 99% del total de firmas de menor tamaño.
A juicio de Passicot, sería razonable establecer reprogramaciones, periodos de gracia, como un límite a lo que se puede aspirar o hasta una "cierta rebaja en la tasa de interés, pero no un perdonazo".
Goldfarb no coincide; se muestra partidario de condonar estos compromisos. "La autoridad produjo condiciones de tasa de interés insoportables (hacia fines de la década pasada) y no les dio ninguna posibilidad de acomodo posterior a estas empresas. Hay una responsabilidad gubernamental, entonces el perdonazo es a los propios gobiernos".
Respecto al compromiso previsional -del cual tampoco se haría alusión en la iniciativa-, el economista sugiere la definición de un plazo para que en la medida que las firmas se vayan capitalizando, se reintegren las cotizaciones que les deben a sus trabajadores a través de un crédito.
Otro ítem que estaría olvidado consiste en el plazo de pago a los proveedores, quienes deben esperar hasta 120 días para recibir cancelaciones, con las consecuencias financieras que esto genera. Y es que "si un cliente cancela a cuatro meses, el día 30 hay que pagar el IVA con la factura, tengo un forado más o menos complicado y en eso habría que buscar un mecanismo para resolverlo", asegura el docente de la Universidad Finis Terrae Javier Fuenzalida, agregando que una posibilidad es cancelar dicho impuesto una vez realizado el pago. ------------------------------------------------------
Cifras Clave —Las Pymes suman 722.700 en Chile y representan el 99% de las compañías formales. —De estas, se contabilizan en cerca de 580 mil las microempresas; en 100 mil las pequeñas, y las restantes son medianas. —Otorgan más del 80% del empleo del país. —Se estima que a septiembre son más de 715.000 los deudores bancarios Pymes, representando con ello el 99% del total de firmas de menor tamaño. —El total de las exportaciones de las Pymes significa cerca del 5% de los envíos totales de Chile.
Con todo, mientras exista Boletin de Informaciones Comerciales , "el peneca verde" que hoy es digital , no habrá reactivacion posible de la PYME. El boletin comercial atenta a los derechos humanos en Chile y nadie dice o hace nada. Ha primado el interés económico y de lucro en una entidad Gremil Privada por sobre el interés ciudadano. El boletin lucra con la desgracia ageba y la comercializa. Pero lo más grave es que comercializa el llamado "Histórico" que los Bancos e intituciones Financieras mantienen en sus registros y prácticas contraviniendo la ley de esa forma.. El boletin comercial debe abolirse |
La criminalidad dispara los costes de operación de las empresas. Las compañías han de afrontar grandes inversiones en seguridad para proteger tanto a sus empleados como sus instalaciones y equipos. Además, la multiplicación de los actos criminales hace que aumente el número de personas que prefieren ir en su propio vehículo al trabajo o a hacer compras antes que caminar o emplear el transporte público, lo cual tiene por consecuencia unos mayores niveles de saturación del tráfico rodado, lo que a su vez conlleva un incremento de los tiempos de desplazamiento del hogar al centro de trabajo. (Por cierto, quienes se atreven a caminar por las calles de Caracas, Ciudad de México o Río de Janeiro suelen dejarse los relojes y demás objetos de valor en casa, y llevan poco dinero encima).
