La Mipyme y las Políticas Públicas
Instituto Libertad
La micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) ha sido materia de una gran cantidad de estudios estableciendo diagnósticos acerca de los principales problemas que enfrentan y propuestas para solucionarlos. El hecho de que muchas personas emprenden proyectos productivos por necesidad, ante la imposibilidad de encontrar trabajo, y que gran parte de los ocupados depende de pequeñas y medianas empresas, genera una fuerte presión sobre las autoridades para establecer mecanismos que promuevan el desarrollo de este sector.
En este sentido, las propuestas tienden a priorizar mecanismos de asistencia sobre la necesidad de que el desarrollo de la Mipyme esté relacionado con un incremento en la capacidad productiva del país. De mantenerse esta visión, lo lógico es que las medidas asistenciales se enfocaran a la microempresa y además, establecer las mejores condiciones para desarrollar el mercado laboral, dentro de lo cual el objetivo principal debiese ser la creación de trabajo productivo, independiente del tipo de empresa que lo genere.
Por su parte, la discusión sobre las medidas necesarias para que la Mipyme siga siendo un segmento importante para el crecimiento de la ocupación, contiene diagnósticos que difieren entre sí, donde muchas veces el diagnóstico no está acompañado de estadísticas que avalen la posición respectiva, lo que empaña la objetividad en cuanto a qué es realmente lo que necesita este grupo de empresas para ser un verdadero aporte al desarrollo económico.
Existe una serie de elementos que tienen relevancia en cuanto a la capacidad de crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que es necesario priorizar el análisis en los factores que tengan una incidencia relativamente significativa en el sector, además de que se puedan establecer proposiciones de política pública en que exista voluntad por parte de las autoridades para establecer modificaciones, y que dichas modificaciones no perjudiquen a los consumidores y en términos más generales que no generen una disminución en la capacidad productiva del país.
El financiamiento es uno de los factores más relevantes para el desarrollo de las empresas. Dejando de lado a la microempresa (empresas con ventas de hasta 2.400 UF al año), el resto de los segmentos diferenciados por tamaño presenta tasas de bancarización relativamente elevadas, incluso mayores a las de países con un PIB per cápita superior al chileno (1).
Más que el acceso a financiamiento se vislumbra como problemático para la Mipyme el costo del crédito. Créditos de bajo tamaño, el impuesto de timbres y estampillas, y la imposibilidad de mover garantías de un banco a otro, son los principales elementos que encarecen el costo del crédito.
Otro elemento de relevancia es la flexibilidad laboral, donde uno de los mayores obstáculos para este segmento es el costo de despedir (2). En el contexto de la rigidez contractual, el crecimiento en el ingreso mínimo puede ser la fuente de la rigidez salarial y así de la caída de la desaceleración en el crecimiento del empleo, afectando principalmente a personas con alto nivel educativo y poca experiencia, o sea, jóvenes entre 18 y 25 años con educación media completa o educación superior (Cowan et al 2003).
Entre mayo de 1998 y junio del 2000 el alza del ingreso mínimo fue de 40%, mientras que el promedio de las remuneraciones subió en apenas 12%, o sea, el reajuste del salario mínimo fue de 3,3 veces el del promedio de las remuneraciones. Al considerar la encuesta de ocupación y desocupación del Instituto Nacional de Estadísticas, en dicho período los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 35 mil personas, mientras que el número de desocupados se incrementó en 230 mil personas. Luego, el desempleo fue disminuyendo a medida que el empleo por cuenta propia aumentaba con más fuerza. Si bien, en el último tiempo el empleo asalariado ha venido ganando terreno ante la evolución de los trabajadores por cuenta propia, aún el nivel de trabajadores por cuenta propia sigue siendo alto.
En relación al fomento de la Mipyme a través de recursos públicos, existe una gran cantidad de asignaciones y de una serie de distintos organismos que las gestionan (7 ministerios). Muchas de estas asignaciones reembolsables, finalmente no son recuperadas por el Ejecutivo. Por otro lado existe una seria desfocalización en la asignación de los recursos, ya que el sector silvoagropecuario y minero reciben la mayor cantidad de recursos, mientras que el comercio y los servicios que concentran la mayor cantidad de las Mipyme reciben una menor cantidad. De los recursos públicos de fomento productivo, gran parte esta destinado a un carácter asistencialista y no de fomento propiamente tal.
En síntesis, existe una serie de restricciones institucionales que debilitan el desarrollo tanto de las Mipyme como de la capacidad productiva en general. El impuesto de timbres y estampillas, y la falta de una central de garantías, afectan el mercado financiero, mientras la rigidez del Código del Trabajo genera serios problemas en el mercado del trabajo. Por último, gran parte de los recursos públicos que supuestamente se dirigen a fomentar “sectores productivos”, tienen un carácter marcadamente asistencialista y distorsionan la natural selección de los proyectos más rentables.
Ver Informe Especial Nº 158; Propuestas para el desarrollo de la MIPYME.
Ver Informe Especial Nº 158; Propuestas para el desarrollo de la MIPYME.
