En un pleno extraordinario convocado ayer por el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Haroldo Brito, se resolvió ordenar una investigación administrativa para aclarar una serie de situaciones irregulares que involucran a funcionarios del Cuarto, Séptimo y Noveno Juzgado de Garantía de la capital, quienes se presume participaron en la falsificación de resoluciones absolutorias que pudieron favorecer a imputados que cumplían penas de cárcel.
"Se está investigando una irregularidad en un tribunal, precisamente por la remisión de oficios que alteraban el computo de las condenas, son documentos fraguados hasta donde conocemos y eso motivó que el pleno interviniera de inmediato", sostuvo el presidente.
El tribunal de alzada designó al ministro Mario Carroza para que indague los hechos denunciados por la jueza que preside el Cuarto Juzgado de Garantía, Carolina Herrera, quien el pasado 3 de abril informó a la Corte que, desde un fax de su jurisdicción, se envió un dictamen al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Los Andes para que se concediera la libertad al imputado Janio Henry González Mena por haber supuestamente cumplido la pena que le fue impuesta.
La magistrada añadió en el oficio que la resolución era falsa y que González Mena se encontraba cumpliendo una condena de cinco años y un día de presidio efectivo por narcotráfico.
Al respecto, el ministro Brito explicó que una funcionaria se encuentra suspendida porque la investigación de carácter administrativo que realizó el jefe de servicios del tribunal de garantía, Iván Álvarez Ossio, apunta a que la funcionaria Gloria Navarrete Saavedra, pudo estar involucrada en el despacho del fax con la resolución adulterada. La medida disciplinaria se mantendrá hasta que se agoten las diligencias de la indagatoria.
AMPLÍAN INVESTIGACIÓN
El magistrado añadió que "a propósito de esta investigación se han recogido antecedentes que conducen a otros tribunales".
Los antecedentes reunidos -porque constituirían un delito- fueron remitidos al Ministerio Público y, actualmente, están en manos de la fiscal Centro Norte, Nancy González, quien indaga a otros dos tribunales de garantía: el Séptimo y el Noveno. En ellos, también se habrían detectados serias anomalías.
Fuentes cercanas a la investigación penal, precisaron que se investiga a dos funcionarias por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público.
Las mujeres habrían falseado fallos judiciales para conceder abonos de penas, así como dictado contraórdenes de detención falsas, dijeron las mismas fuentes.
HECHOS "GRAVES"
Según Brito, los hechos investigados son "particularmente graves, por eso es que la Corte (de Apelaciones) ha reaccionado prontamente".
Hasta el momento habría unas cuatro o cinco personas vinculadas a los fallos falsos.
La cantidad de funcionarios que están siendo indagados permiten hablar de "una red (...) ya tenemos tres tribunales donde hay situaciones irregulares que se investigan", expresó el ministro.
Consultado por el cargo que ocupan los involucrados, Brito dijo que sólo manejan el nombre de personas vinculadas al Poder Judicial.
"No tenemos antecedentes aún de si existe participación de personal de Gendarmería", aseguró.
Si surgieran nuevos antecedentes que revelaran situaciones de este tipo en otros tribunales la investigación se ampliaría, dijo el presidente.
Trascendió que algunos de los funcionarios indagados se desempeñaron -hasta la entrada en vigencia de la reforma- en los antiguos tribunales del crimen, donde irregularidades de esta índole también han debido ser aclaradas.
Tras ser notificado de su designación, el ministro Mario Carroza se constituyó durante la tarde de ayer en los tribunales de garantía y se entrevistó con los administradores de los juzgados cuestionados.
